Cotejarán los registros con fotos de los manuscritos; sobre los originales y copias con los que LA NACION realizó su investigación; lo dispuso el tribunal que juzgará a Cristina Kirchner y 160 imputados
El tribunal oral que debe juzgar a Cristina Kirchner y a unos 160 imputados por el caso de los ordenó peritar, por primera vez, los manuscritos originales escritos por el exchofer del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno, donde están anotados los pagos que realizaban empresarios a funcionarios kirchneristas para mantener sus contratos con el Estado. Los peritos tendrán un plazo máximo de tres meses.
Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero decidieron, además, comparar esos escritos con la letra de Centeno, a quien le pedirán que haga un cuerpo de escritura, para cotejarlos también con las imágenes fotográficas de los cuadernos que –junto con los originales– fueron utilizadas por LA NACION para realizar la investigación periodística que dio inicio al caso en 2018.
Este peritaje fue pedido por Cristina Kirchner y la mayoría de los acusados, que buscan poner en duda la calidad de los cuadernos como prueba, una evidencia que ya fue corroborada por el propio relato de Centeno, que los validó.
Sin embargo, uno de los acusados, el empresario Armando Loson, consiguió abrir una causa paralela al expediente principal, donde probó que hubo alteraciones en la escritura y sobreescrituras en al menos tres oportunidades donde se lo mencionaba a él o a la dirección de su empresa.
Por esas alteraciones fue procesado Jorge Bacigalupo, el expolicía que le entregó los cuadernos de las coimas a LA NACION y que disparó la investigación posterior.
Sin embargo, luego la Cámara Federal, con los votos de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, revocó ese procesamiento, declaró su falta de mérito y señaló que es el juicio oral y público contra Cristina Kirchner y el resto de los empresarios y exfuncionarios acusados donde debe analizarse si hay alteraciones en esas pruebas que relatan el circuito de pagos de sobornos para mantener contratos de obras públicas.
El kirchnerismo alude a los cuadernos como “las fotocopias”, para restarle validez como prueba. Este peritaje servirá para despejar las dudas.
Ahora, los jueces del tribunal oral federal N°7 dieron un paso importante para avanzar en la realización del juicio oral y público al proveer parcialmente la prueba que pidieron los acusados. Es decir, decidieron a qué pruebas de instrucción suplementaria hacen lugar y a cuáles no, antes de poner una fecha de inicio al juicio oral.
Los jueces decidieron pedir informes al Gobierno, a bancos –sobre diferentes cuentas– y a organismos públicos, pero la prueba más importante que decidieron realizar es el peritaje.
Señalaron que la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional analizará los seis cuadernos reservados y los archivos con copias digitales de las carpetas que contienen la reproducción de los cuadernos, aportados el 10 de abril de 2018 por el periodista de LA NACION Diego Cabot, que encabezó la investigación periodística.
Son los archivos que se llaman “Cuaderno 2005″, “Cuaderno 2006″, “Cuaderno 2008″, “Cuaderno 2008 2009″, y “Cuaderno 2009″, “Cuaderno 2010″, “Cuaderno 2013″, “Cuaderno texto” y “Cuaderno vertical 2015″, que se encuentran en un pendrive.
Se deberá verificar si existe identidad o correspondencia entre ambos, es decir, si puede determinarse que las copias digitales fueron obtenidas de los manuscritos: se deberá establecer si los manuscritos fueron escritos por el mismo autor, si se trata del puño y letra de Oscar Centeno o de terceras personas. En ese caso, se debe precisar qué tramos.
Asimismo, los peritos calígrafos deben decir si se han utilizado uno o varios elementos de escritura y estilos de tinta, informando sobre sus componentes; deben precisar si los cuadernos están sobreescritos, testados o corregidos con liquid paper de color blanco; si fueron lavados o borrados con abrasivos o químicos, o si tienen cualquier tipo de alteración o modificación en las escrituras. Si esto es así, se deben reconstruir las anotaciones previas.
Quieren saber los jueces la antigüedad de las diferentes grafías, si fueron hechas al mimo tiempo o en diferentes momentos, si hay “evolución o involución” en el escrito.
Para ello, se invitó a Centeno a confeccionar un cuerpo de escritura, pero como es imputado puede negarse a hacerlo. Los jueces les dieron a los peritos un plazo máximo de noventa días para la realización de la tarea.
Entre otras medidas de prueba que fueron rechazadas, se cuenta una pedida por Cristina Kirchner, que solicitó realizar un cruce de llamadas entre los teléfonos que usaba el fallecido juez Claudio Bonadio, a cargo de la instrucción de este caso, y el fiscal Carlos Stornelli, en un intento de probar una suerte de colusión o complot para perjudicarla
La causa por los cuadernos de las coimas, producto de una investigación de LA NACION, ya está elevada a juicio oral. El tribunal oral les permitió a todos los imputados, a los querellantes y a la fiscalía que hagan el ofrecimiento de la prueba que usarán en el proceso. Esto es, definir a testigos que quieran convocar y qué documentación quieren incorporar. Por ahora, los jueces se pronunciaron sobre la realización de este nuevo peritaje, no sobre los testigos.
La principal acusada en esta causa es Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Centeno, un exchofer del Ministerio de Planificación de Julio de Vido, que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios –entre ellos, Roberto Baratta, mano derecha de De Vido– de la cartera para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. Muchos de esos viajes terminaban en el departamento de Recoleta que habitaba Cristina Kirchner, y los registros indican que los recibía Daniel Muñoz, histórico secretario de Néstor y Cristina Kirchner, ya fallecido, a quien la Justicia le detectó decenas de propiedades en el país. También inmuebles en el exterior, valuados en más de 70 millones de dólares.
De las más de 160 personas imputadas había ocho detenidas al momento en que el caso fue elevado a juicio oral. Todos están hoy en libertad. Se han decretados embargos, inhibiciones generales de bienes e intervenciones de sociedades, secuestros de elementos, prohibiciones de repartir dividendos o subrogados de ganancias. Y si bien algunas medidas se han cambiado por otras, “ni un solo centavo alcanzado por estas afectaciones en beneficio del Estado se ha perdido o se ha desatendido”, dijo la fiscalía.
