Lo hizo la fiscalía y la Procunar. El juicio arrancó en junio de 2022. El ex juez de Itatí, dos de sus secretarios, un grupo de abogados, narcos y un intendente en el banquillo.
“Acá se está juzgando a un ex juez federal y a sus dos ex secretarios penales por cobrar dádivas, de forma sistemática, pagadas por grupos narcocriminales, para darles impunidad. Fue algo constante que duró al menos 7 años. Para cobrar se valieron de abogados y un ex político de Corrientes, quienes se encargaban de negociar con los narcos”.
Fuerte, contundente, usando gráficos, escuchas telefónicas y organigramas de los implicados. Así fue el alegato fiscal que demandó dos jornadas y por el que este viernes se pidieron 15 años de prisión para quien fuera uno de los personajes más poderosos de Corrientes: el juez federal (con competencia electoral) Carlos Soto Dávila (74).
Como agravantes consideraron que tiene estudios universitarios completos, fue profesor Universitario y magistrado durante 20 años. Además sostuvieron que generó un sistema de competencia desleal entre los abogados del foro.
Y dos elementos mas le corren en contra según los fiscales: “Su elevada posición social (único juez federal de la jurisdicción durante mucho tiempo hasta la creación del juzgado federal n° 2) y el daño causado al prestigio de la administración de justicia en Corrientes y su repercusión en el país en general al respecto”.
La acusación a cargo del fiscal federal Carlos Schaefer y de Diego Iglesias y Martin Uriona por al Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) fue por todo y apuntó hacia el ex juez, sus dos secretarios –Pablo Molina (51) y Federico Grau (59)– tres abogados y el ex intendente de Empedrado Juan Manuel Faraone (59).
En el juicio hay otros cinco acusados más: dos abogados y los narcos Federico “Morenita” MarÍn (33, hoy prófugo), Carlos “Cachito” Bareiro (42, detenido) y Pablo Torres (detenido). Los fiscales no alegaron en contra ellos porque están confesos. Los tres firmaron juicios abreviados aceptando haber pagado coimas y los acuerdos serán homologados al momento del veredicto.
Para Soto Dávila –quien debió renunciar a su puesto en febrero de 2019 luego de que se pidiera su captura– los fiscales solicitaron 15 años de prisión por una serie de cargos gravísimos. La lista: jefe de asociación ilícita, cohecho agravado (en ocho oportunidades) y “prevaricato” (dictar fallos contrarios a la ley).
En el caso de Molina el pedido fue de 12 años por los mismos delitos pero como miembro (no jefe) de la asociación ilícita y participación en 5 de los 8 reclamos de coima. En cuanto a Grau, la solicitud fue de 9 años. El pedido de pena para los abogados fue de 7 a 5 años. Quien la saco más barata en el alegato fue el ex intendente de Empedrado, Faraone (dos años y cinco meses).
La causa Itatí
Durante el alegato fiscal, que ocupó todo el lunes y parte de este viernes, se sostuvo que los acusados formaban parte “de una asociación ilícita que tenía como finalidad principal la de brindar cobertura judicial para el desarrollo de las actividades de la organización narco criminal liderada por Federico Sebastián Marín y Carlos Bareiro”.
Hasta el momento, en las diferentes etapas de la megacausa Itatí, hubo 116 condenas. Se dictaron en cuatro juicios orales diferentes y muchas de ellas fueron bajo la figura de juicio abreviado. La fiscalía calcula que la organización movió al menos 18 toneladas de marihuana paraguaya.
“Esa connivencia del entonces juez federal Soto Dávila y sus dos secretarios, Grau y Molina, consistió en evitar avanzar en las investigaciones a su cargo vinculadas a operaciones de esa organización criminal de modo tal de no comprometer judicialmente a sus lideres (Marín y Bareiro), como también mejorar la situación procesal de aquellos miembros que por el accionar preventivo de las agencias de seguridad fueran apresados, otorgando libertades contrarias a derecho”, sostuvo la fiscalía desde el minuto uno.
Los fiscales alegaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes integrado por un combinado de magistrados de otras provincias.
Tantos jueces se excusaron de intervenir en un proceso contra Soto Dávila que el tribunal quedó integrado por un paisano de cada pueblo: Juan Manuel Iglesias (Chaco), Rubén David Oscar Quiñones (Formosa) y Manuel Alberto Jesús Moreira (Misiones).
Para que quede claro la gravedad de lo que se debatió en este juicio, los fiscales cerraron con una reflexión: “No se puede combatir el narcotráfico si no terminamos y combatimos la corrupción, menos aun si esa corrupción está enquistada en el Poder Judicial que debe sancionar las conductas delictivas que ponen en riesgo la salud y la seguridad de las personas”.
