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Las pymes bonaerenses, en alerta por el fallo sobre la indexación de las indemnizaciones laborales

Para la Corte de la Provincia, el cálculo actual “genera una pérdida considerable en perjuicio del reclamante” por la inflación.

Las empresas aseguran que no pueden hacerle frente a esas erogaciones y que la operación se vuelve “insostenible”.

Las pymes bonaerenses se pusieron en alerta por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que recomienda indexar las indemnizaciones laborales de acuerdo al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más una tasa pura del 6% anual desde la fecha de exigibilidad hasta la fecha de efectivo pago, reemplazando así a la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio.

Las entidades empresarias advirtieron sobre el efecto perjudicial de esta medida, que cuenta con media sanción en la Legislatura bonaerense y encarece los créditos laborales a raíz del cambio en la fórmula del cálculo. Por eso, le pidieron a la Cámara Nacional de Apelaciones que revea el criterio.

Atenta contra la generación de trabajo y no contribuye a la seguridad jurídica, algo fundamental para fomentar inversiones. Lo último que debemos hacer es continuar desincentivando la generación de empleo”, consideró Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y fundador de Alberdi Desarrollos, firma de desarrollos inmobiliarios y que engloba a otras empresas como Cerámica Alberdi, Gigot y Alberdi Energía.

Junto con la Unión Industrial Argentina (UIA), Uipba le solicitó a la Cámara que reconsidere la decisión. Al respecto, remarcó que “las pymes son las mayores empleadoras del país y no pueden hacerle frente a esas erogaciones“. “Esto, sumado al ordenamiento económico que atravesamos con caída en la actividad, mantener una pyme se vuelve insostenible“, declaró, y agregó que “la protección del poder adquisitivo de una indemnización no puede ir en contra del derecho de propiedad de los empleadores”.

Debemos buscar, entonces, las soluciones más razonables para que la protección del crédito de un trabajador no ponga en riesgo el mantenimiento de la fuente de empleo. La preservación de las empresas sostenibles es condición necesaria para el trabajo decente y productivo”, le explicó Uipba a la Cámara en el escrito presentado.

Rechazamos firmemente la modificación propuesta del artículo 48 de la Ley 11.653. La actualización de las indemnizaciones laborales por el CER más el 6% anual es desproporcionada y perjudicial para las pymes, que generan el 70% del empleo del país”, sumó su crítica el Movimiento Nacional Pyme (Monapy), que nuclea a 30.000 pymes.

Otras entidades, como la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) y la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín (Cehgj) rechazaron el proyecto y consideraron que “el cambio propuesto deja ver una desproporción que podría hacer quebrar cualquier pyme solo en un fallo judicial”.

El cambio que plantea el fallo en el cálculo de las indemnizaciones

En el fallo, los jueces del máximo tribunal bonaerense Sergio TorresDaniel SoriaHilde Kogan y Luis Genoud, tuvieron en cuenta que “las recurrentes crisis financieras y los trastornos que ocasiona la inflación impactan fuertemente en las relaciones jurídicas”. “En las últimas décadas se aprobaron normas legales y reglamentarias, y programas que contenían medidas de todo calibre destinados a resolver la problemática, como la ley de convertibilidad que luego fue reformada por la de emergencia social, económica, administrativa y cambiaria“, argumentaron.

Pero señalaron que la devaluación del peso produce una merma al crédito. “La inflación es un factor tan corrosivo para el equilibrio negocial y para la realización eficaz de los derechos”, expresaron, y añadieron que “el enfoque interpretativo debe partir del reconocimiento de esta compleja problemática, ya que lo contrario sería negar la realidad”. Por eso, opinaron que el sistema de actualización hasta ahora aplicado, con intereses con tasa pasiva, arroja “de manera elocuente una pérdida más que considerable en perjuicio del reclamante”.

El criterio de la Corte bonaerense contradice el espíritu de las normas que impulsa la administración de Javier Milei, en línea con su intención de bajar el costo laboral de las empresas para así generar estabilidad y un clima de negocios que incentive la inversión extranjera.

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